]Un destacado legislador del condado de Fairfax, Virginia, que antes defendía enérgicamente la ampliación de las cámaras de seguridad en zonas vulnerables a la delincuencia, ha desatado la polémica al proponer repentinamente la eliminación total del programa de cámaras de reconocimiento automático de matrículas (ALPR).

El protagonista es Andrés Jiménez, supervisor del distrito de Mason en el condado de Fairfax, que incluye el área de Annandale. En 2024, con el fin de combatir el crimen en la zona de Wadsworth Court en Annandale —considerada entonces un punto crítico de delincuencia—, el supervisor Jiménez solicitó con insistencia la instalación adicional de cámaras de lectura de matrículas «Flock», conectadas al Centro de Delitos en Tiempo Real (RTCC) de la policía.

Posteriormente, la policía desplegó las cámaras en dicha área, logrando una drástica reducción en la tasa de criminalidad. Según datos del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, el número de delitos en Wadsworth Court disminuyó significativamente: de 272 casos en 2023 y 305 en 2024, a 96 en 2025 tras la instalación de las cámaras, y a 58 en lo que va de 2026.

Sin embargo, la atmósfera cambió radicalmente en una reunión reciente de la Junta de Supervisores del condado. Cuando la policía presentó las opciones para la operación futura del sistema ALPR (como una prueba piloto con otro proveedor o la transición a una «red cerrada» que bloquee el intercambio de datos externos), el supervisor Jiménez afirmó que «falta la opción más importante entre las alternativas presentadas» y propuso formalmente eliminar el sistema de cámaras por completo («Sin ALPR»).

Aunque Jiménez ha evitado detallar los motivos de este cambio de postura, los analistas señalan que no es ajeno a la creciente controversia sobre la invasión de la privacidad que se intensifica en todo Estados Unidos. Las jurisdicciones vecinas de Alexandria y el condado de Arlington ya han decidido retirar las cámaras Flock debido a preocupaciones por la filtración de información personal, entre otras razones. Los críticos han señalado que esta tecnología puede ser utilizada indebidamente como un mecanismo de vigilancia masiva sin orden judicial.

Por el contrario, la policía y la administración del condado han expresado un firme rechazo a la propuesta. Desde la policía destacaron la eficacia de las cámaras en la prevención del delito, asegurando que «los datos recopilados no pueden venderse a terceros ni compartirse con agencias de investigación federales, y están estrictamente controlados por la Policía de Fairfax».

Tom Arnold, administrador adjunto del condado, advirtió enérgicamente a la junta: “Si cancelamos este programa y la tasa de criminalidad se dispara de nuevo la próxima primavera, volverán a ver el video de esta reunión para entender por qué la junta provocó ese resultado”.

Actualmente, la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax ha suspendido temporalmente la instalación de nuevos lectores automáticos de matrículas (ALPR) y se encuentra a la espera de tomar una decisión final sobre la continuidad o la derogación total del programa, por lo que la evolución futura de la situación atrae una gran atención.