Dominion y NextEra buscan una fusión de 67.000 millones de dólares

La vicegobernadora Hashmi inicia audiencias públicas en todo el estado para recabar la opinión ciudadana

Crece la expectativa por la decisión de la SCC tras el anuncio de intervención oficial de la gobernadora

La región de la capital de EE. UU. atraviesa una gran controversia ante la propuesta de una megafusión de 67.000 millones de dólares (unos 93 billones de wones) entre Dominion Energy, la principal empresa eléctrica de Virginia, y NextEra, gigante energético con sede en Florida. Si la operación se concreta, dará origen a uno de los mayores titanes eléctricos del país; sin embargo, crece la oposición en las comunidades locales por el temor a las consecuencias del monopolio y al aumento de las tarifas.

La vicegobernadora de Virginia, Ghazala Hashmi, celebró la primera audiencia pública comunitaria el pasado día 3 en Sterling, condado de Loudoun, con el fin de recoger las inquietudes de los ciudadanos. Hashmi planea visitar este mes otras cuatro ciudades estratégicas del estado —entre ellas Roanoke, Richmond y Charlottesville— para escuchar directamente los testimonios locales.

En una rueda de prensa previa a la audiencia, Hashmi sostuvo que esta transacción de 67.000 millones de dólares rediseñará por completo el mapa energético de Virginia, y recalcó que se debe examinar con rigurosidad si esta medida responde realmente al interés público. Asimismo, informó que ha solicitado formalmente una ampliación del plazo de evaluación a la Comisión Estatal de Corporaciones de Virginia (SCC), el organismo facultado para aprobar la fusión.

Durante la jornada se multiplicaron las voces de alarma ante un eventual disparo en las tarifas eléctricas y la proliferación desmedida de infraestructuras para centros de datos. Vicki Hsu, residente de Ashburn, denunció que las tarifas ya se han duplicado en los últimos seis años y advirtió que una megafusión pensada únicamente para maximizar las ganancias corporativas terminará perjudicando a los consumidores. En particular, existe un profundo temor entre los vecinos por la posible instalación de nuevas líneas de alta tensión que atraviesen zonas residenciales y escolares para abastecer la alta concentración de centros de datos del norte de Virginia.

La clase política también anticipó una postura inflexible. La senadora estatal Russet Perry advirtió que no tolerará que los condados de Loudoun y Fauquier queden reducidos a meros corredores de paso para los gigantes energéticos, y afirmó que empleará todos los recursos a su alcance para frenar la fusión durante el proceso de evaluación de la SCC.

Frente al avance del descontento, el gobierno estatal adoptó una medida sin precedentes. La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, anunció de manera sorpresiva que el estado solicitará la condición formal de parte interviniente (intervener). Esta decisión refleja la firme determinación de involucrarse de lleno en la revisión regulatoria y someter a interrogatorios y audiencias directas a los directivos de ambas empresas.

La potestad final para autorizar esta adquisición que transformará el mercado energético estadounidense está en manos de la Comisión Estatal de Corporaciones de Virginia. En medio del fuerte rechazo ciudadano y la intervención directa del ejecutivo estatal, la atención de las comunidades del este del país se concentra en el veredicto que emitirán los reguladores.