Impulsan reforma que deja la decisión en manos de los estados… Grupos ambientalistas: "Abre la puerta a permisos a puerta cerrada"
Trump: "Esencial para liderar en IA" vs. Residentes: "Se desatiende la contaminación del aire y el ruido"
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha desatado una fuerte controversia al impulsar una propuesta de modificación para eliminar el requisito federal de "notificación previa y consulta pública", el cual era obligatorio para el establecimiento de instalaciones industriales clave, como los centros de datos de inteligencia artificial (IA).
En medio de la intensificación de los conflictos ambientales en todo Estados Unidos debido a la expansión de infraestructura de las grandes tecnológicas, surgen constantes críticas de que esta medida vulnerará el derecho a la información de los residentes locales y convertirá el proceso de permisos en un procedimiento "a puerta cerrada".
El núcleo de la propuesta radica en flexibilizar la obligación de los gobiernos estatales de emitir avisos públicos sobre instalaciones emisoras de contaminantes del aire. Anteriormente, bajo las normas federales, era obligatorio someter los proyectos a consulta y revisión pública antes de otorgar los permisos; sin embargo, en adelante, cada estado decidirá según su propio criterio si implementa o no estos procedimientos.
Organizaciones ambientalistas y la sociedad civil han reaccionado con firmeza. Keri Powell, abogada sénior del Southern Environmental Law Center (SELC), criticó: "Las comunidades tienen el derecho legal a expresar su opinión antes de que se instalen proyectos potencialmente contaminantes cerca de sus hogares. Esta propuesta allana el camino para que los permisos de contaminación atmosférica se tramiten a espaldas de los residentes".
Por otro lado, la EPA desestimó las acusaciones de una desregulación excesiva. Caroline Hollen, portavoz de la EPA, aclaró que "esta propuesta forma parte del 'federalismo cooperativo', devolviendo a cada gobierno estatal la gestión de los trámites de permisos para fuentes menores de contaminación", y aseguró que "no reduce los estándares ambientales ni flexibiliza los límites de emisiones".
Los expertos señalan que, de desaparecer este estándar mínimo federal, podrían surgir disparidades regionales según el nivel de regulación ambiental de cada estado.
En particular, en los estados del sur y del medio oeste, donde las normativas ambientales son comparativamente más laxas, aumenta el riesgo de que se construyan grandes centros de datos sin el conocimiento de los residentes. Estados como Virginia y Georgia, donde actualmente se concentra la edificación de estas instalaciones, son claros ejemplos de ello.
Además del elevado consumo eléctrico, los centros de datos emiten contaminantes atmosféricos peligrosos, como óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono, durante la operación de sus generadores de emergencia. A esto se suman el enorme consumo de agua para refrigeración y el ruido de baja frecuencia generado las 24 horas del día, factores que deterioran la calidad de vida y provocan continuas tensiones con las comunidades locales.
Esta propuesta se alinea con la política de "prioridad a la infraestructura de IA" impulsada por el presidente Donald Trump. A través de sus redes sociales, Trump afirmó recientemente que "aquellas regiones que rechacen los centros de datos quedarán inevitablemente rezagadas" y prometió un amplio respaldo, bajo el argumento de que asegurar el suministro energético y expandir los centros de datos es urgente para ganar la carrera por la hegemonía tecnológica frente a China.
Sin embargo, ante la creciente preocupación de los votantes por el impacto ambiental, la emisión de permisos para centros de datos se está convirtiendo en una carga política. Dado que la EPA planea finalizar la modificación de la normativa el próximo año, se prevé que la resistencia por parte de organizaciones civiles y del ámbito político local —sin distinción de partidos— no hará más que intensificarse.