Un tribunal federal ha emitido una orden de suspensión temporal (medida cautelar) contra una nueva ley del estado de Virginia que buscaba limitar la cooperación entre los gobiernos locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. En consecuencia, se prevé que los programas de cooperación para el control migratorio federal suscritos previamente se mantengan sin alteraciones mientras se desarrolla la disputa legal.
El pasado 31 de agosto, el juez sénior Robert Payne, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos con sede en Richmond, dictó una orden judicial preliminar (Preliminary Injunction) que prohíbe al estado de Virginia aplicar las disposiciones clave de la nueva ley a los agentes u organismos federales de inmigración, así como infringir los acuerdos federales de inmigración 287(g) vigentes.
El acuerdo 287(g) es un mecanismo que delega parte de las facultades de control migratorio federal a agentes de policía estatales y locales que hayan completado una capacitación específica. Con anterioridad, la Asamblea Legislativa de Virginia había exigido que, a más tardar el 1 de septiembre, los acuerdos vigentes se modificaran para incorporar 12 condiciones estrictas —entre ellas la obligación de contar con una orden judicial y restricciones para realizar operativos cerca de escuelas, templos religiosos y tribunales—, disponiendo la anulación de los convenios en caso de incumplimiento.
Sin embargo, con esta decisión de la corte federal, los gobiernos locales que ya contaban con acuerdos 287(g) podrán mantener su cooperación sin necesidad de realizar dichas modificaciones. No obstante, si bien el tribunal autorizó la continuidad de los acuerdos existentes, mantuvo vigente la cláusula de la ley estatal que prohíbe suscribir nuevos convenios a los municipios que nunca hayan participado en el programa 287(g).
En su fallo, el juez Payne señaló como fundamento que «es muy probable que la nueva ley de Virginia vulnere la "Cláusula de Contratos" (Contract Clause) y la "Cláusula de Supremacía" (Supremacy Clause) de la Constitución federal —la cual consagra la preeminencia de las leyes federales—», advirtiendo que el gobierno federal podría sufrir daños irreparables de no concederse la medida cautelar.
Tras conocerse el fallo, el fiscal general de Virginia, Jay Jones, manifestó con claridad su intención de apelar de inmediato. Jones remarcó: «La legislatura estatal tiene la potestad de evitar que los limitados recursos administrativos y policiales locales se desvíen hacia el control migratorio, tarea que compete exclusivamente al gobierno federal», y añadió: «Presentaremos una solicitud para suspender esta orden cautelar del tribunal federal al mismo tiempo que iniciamos el proceso de apelación inmediata».
Por su parte, esta disputa legal acapara una gran atención comunitaria, ya que coincide con un marcado recrudecimiento de las redadas migratorias federales, en particular en la periferia de Washington D.C. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un total de 1.328 personas fueron detenidas en el transcurso de dos semanas, del 1 al 14 de agosto, durante un operativo a gran escala del ICE desplegado en diversas zonas de Virginia y Maryland.