El "Impuesto sobre Servicios de TI y Datos" (Digital IT Tax), introducido por el estado de Maryland para solucionar un déficit fiscal de 3.300 millones de dólares, está generando controversia tras registrar un rendimiento extremadamente bajo en su primer año de aplicación.

Según informes recientes de medios locales, la recaudación fiscal obtenida durante el último año fiscal mediante la aplicación de una tasa impositiva del 3% a los servicios de TI y datos interempresariales (B2B) ascendió a un total de 112,8 millones de dólares. Esta cifra representa apenas el 23% de la meta de recaudación propuesta por la legislatura estatal al momento de aprobar la ley, lo que deja un desfase de aproximadamente el 77% de los recursos inicialmente esperados.

El gobernador Wes Moore y la asamblea estatal crearon esta nueva categoría impositiva como una medida clave de financiamiento para tapar el grave agujero fiscal; sin embargo, con el estrepitoso fracaso de los resultados del primer año, los planes de normalización financiera del gobierno estatal han entrado en estado de alerta.

Por otro lado, al margen de la ineficacia de la política, el perjuicio para la industria tecnológica local se está haciendo patente. Una empresa de tecnología de TI ubicada en Columbia ha tenido que asumir una carga fiscal adicional de unos 15.000 dólares al mes debido al nuevo impuesto. En un intento por preservar la rentabilidad, la compañía ha incrementado sus tarifas y, para reducir la carga de sus clientes, ha recortado servicios esenciales de gestión de ciberseguridad, entre otros efectos adversos que se siguen sucediendo.

La confusión administrativa debida a los complejos criterios fiscales también se está intensificando. Un representante de una empresa de soluciones de TI en Frederick afirmó: "Dado que las directrices fiscales del gobierno estatal son ambiguas y complicadas, no podemos utilizar los sistemas de contabilidad automatizados existentes. Nuestros empleados están perdiendo un día a la semana calculando las facturas de forma manual".

La comunidad empresarial local señala que el gobierno estatal forzó la implementación de la política basándose en estimaciones de ingresos poco realistas. En consecuencia, crecen las críticas que sostienen que, lejos de alcanzar el objetivo inicial de erradicar el déficit fiscal, solo se ha conseguido debilitar el ecosistema y la competitividad de la industria de TI de la región.