Deficiente implementación del sistema estatal de gestión de salud mental
"Enorme desperdicio de impuestos debido a la facturación de diversos costos"
La Fiscalía General de Maryland ha presentado una demanda por daños punitivos por valor de 380 millones de dólares contra UnitedHealth Group, la empresa de servicios financieros y de atención médica más grande de Estados Unidos, y su filial Optum.
El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, anunció el día 27 la presentación de una demanda ante el Tribunal de la Ciudad de Baltimore, declarando que "el sistema informático suministrado por UnitedHealth para el programa de tratamiento de salud mental y abuso de sustancias del Medicaid de Maryland presentaba defectos críticos".
Según la demanda, el estado de Maryland firmó un contrato por valor de 126,9 millones de dólares entre 2019 y 2024 para encargar a Optum la gestión de la Organización de Servicios Administrativos (ASO) de salud mental. Dicho proyecto era un sistema clave para procesar las reclamaciones de costos de tratamiento de salud mental y adicciones de aproximadamente 1,5 millones de residentes de Maryland.
Sin embargo, apenas un mes antes del lanzamiento oficial del sistema, Optum lo reemplazó sin autorización por el sistema no probado de un subcontratista, en lugar de utilizar su propio software de facturación previamente verificado. Como consecuencia, el sistema colapsó y se paralizó por completo el mismo día de su puesta en marcha en 2020.
Debido a este fallo del sistema, el Departamento de Salud del estado tuvo que suspender la red informática durante 8 meses. A lo largo de este período, el gobierno estatal se vio obligado a realizar pagos provisionales a profesionales médicos y hospitales basados en estimaciones, lo que generó un caos constante en el que se rechazaron reclamaciones legítimas de tratamientos y no se pudieron detectar reclamaciones duplicadas o fraudulentas, desperdiciando decenas de millones de dólares del erario público.
El fiscal general Brown enfatizó: "Al sustituir de forma negligente un sistema destinado a los residentes que necesitaban ayuda con urgencia y al personal médico que los atiende, causaron un daño enorme al gobierno estatal y a los ciudadanos", y añadió: "Aplicaremos la violación de la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act) de Maryland para recuperar 380 millones de dólares en indemnizaciones, lo que equivale al triple del monto del contrato".