El estado de Maryland implementará a gran escala el programa de "Tratamiento Ambulatorio Asistido" (AOT, por sus siglas en inglés), el cual obliga a personas con enfermedades mentales graves a someterse a tratamiento mediante órdenes judiciales. Aunque el propósito es prevenir las rehospitalizaciones y la exposición a la delincuencia derivadas del rechazo al tratamiento, crece la controversia en torno a la vulneración del derecho a la autodeterminación del paciente y la carga financiera para los gobiernos locales.
El Departamento de Salud de Maryland anunció que introducirá la primera fase del programa AOT comenzando en la ciudad de Baltimore, el condado de Anne Arundel y la región de Eastern Shore. El gobierno estatal planea expandir el programa a todas las jurisdicciones de Maryland para julio de 2027, tras un período de prueba piloto.
A partir de esta medida, los profesionales médicos, familiares y allegados de pacientes con enfermedades mentales graves podrán presentar una petición ante el tribunal de circuito para solicitar el tratamiento obligatorio ordenado por la corte para dichos pacientes.
En el caso de enfermedades mentales graves como el trastorno bipolar o la esquizofrenia, a menudo se presenta la anosognosia, una falta de conciencia de la enfermedad que impide a los pacientes reconocer la necesidad de tratamiento. La postura del gobierno estatal es romper el círculo vicioso de hospitalizaciones y encarcelamientos facilitando un tratamiento continuo basado en la comunidad a través de un marco legal. La secretaria de Salud de Maryland, Meena Seshamani, explicó: "Este programa será una solución multidimensional que cerrará la brecha entre el rechazo habitual del paciente al tratamiento y su recuperación real".
Sin embargo, la oposición ante la fuerza coercitiva de la ley y las posibles violaciones de derechos humanos es considerable. Organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad se opusieron firmemente, señalando que "el 'tratamiento ambulatorio forzoso' en contra de la voluntad del paciente vulnera gravemente el derecho a la autodeterminación médica" y advirtiendo que "pueden generarse traumas secundarios derivados de enfrentamientos con las fuerzas del orden durante los procesos de control y ejecución".
La incertidumbre administrativa y financiera también sigue siendo un desafío. Las 24 jurisdicciones locales de Maryland han desistido de desarrollar programas propios debido a la falta de directrices específicas de ejecución, delegando plenamente la operación en el gobierno estatal.
A esto se suma que las tensiones financieras se están haciendo evidentes, ya que el gobierno estatal aprobó recientemente una legislación para que, a partir del año fiscal 2028, los gobiernos de los condados asuman el 25 % de los costos del servicio de AOT, elevando la cuota de los gobiernos locales al 100 % para 2031.
La Asociación de Condados de Maryland (MACo) protestó calificándolo como "una transferencia repentina de costos sin consulta previa", aunque manifestó que "buscará vías de cooperación con el gobierno estatal considerando integralmente tanto los aspectos éticos como la eficiencia financiera".