"Riesgo de bancarrota por la paralización de las obras" Residentes y políticos locales protestan con firmeza: "No cerca de zonas escolares o comerciales"

El proyecto de construcción de una instalación de las autoridades federales de inmigración que se estaba llevando a cabo en la zona de Elkridge, en el condado de Howard, Maryland, se reanudará tras una decisión judicial. Esto se debe a que un tribunal federal frenó la orden de suspensión de las obras emitida por el gobierno del condado de Howard.

El juez Adam Abelson, del Tribunal de Distrito Federal de Maryland, aceptó la solicitud de medida cautelar presentada por la empresa desarrolladora "Genesis Strategic One LLC" contra el gobierno del condado de Howard, ordenando que las obras de construcción de la instalación puedan reanudarse mientras se lleva a cabo el juicio principal.

El tribunal dictaminó que la revocación del permiso por parte del gobierno del condado estaba causando un daño financiero fatal a la empresa desarrolladora. En su fallo, el juez Abelson declaró: "Con más de 21 millones de dólares ya invertidos por el desarrollador, la paralización de las obras está generando aproximadamente 5.000 dólares diarios en intereses, y la empresa no está recibiendo el alquiler mensual de 132.000 dólares que debía percibir del gobierno federal tras su finalización", añadiendo que "la concesión de la medida cautelar es inevitable para evitar daños irreparables a una empresa en riesgo de bancarrota".

Esta controversia comenzó cuando el gobierno del condado revocó el permiso de construcción que ya había aprobado. Inicialmente, el gobierno del condado aprobó el año pasado un plan para convertir un edificio de oficinas existente en oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y un centro de detención temporal, pero canceló abruptamente el permiso en febrero de este año.

Los funcionarios locales, incluido el ejecutivo del condado Calvin Ball, cuestionaron que el proyecto se hubiera aprobado sin una audiencia pública y que estuviera demasiado cerca de escuelas, parques y centros comerciales. El consejo del condado también aprobó de inmediato una ordenanza de emergencia que prohíbe a las empresas privadas solicitar permisos para centros de detención. En respuesta, la empresa desarrolladora presentó una demanda en marzo pasado, alegando que el gobierno del condado había invadido las competencias de una agencia federal.

Los residentes y la clase política local reaccionaron de inmediato con indignación ante esta decisión judicial. Dada la naturaleza del condado de Howard, donde también reside una importante población de origen coreano, el interés y la preocupación de los residentes van en aumento.

El grupo civil "Indivisible Howard County MD" afirmó: "Los residentes locales han dejado claro que no quieren este tipo de instalaciones en nuestro vecindario", y añadió: "Lucharemos hasta el final para impedir la construcción de la instalación". El senador estatal de Maryland por el distrito, Clarence Lam, también calificó la decisión como "un fallo decepcionante que va en contra de la voluntad de los residentes" y anunció acciones legales adicionales por parte del gobierno del condado.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que se trata de una medida inevitable debido al aumento de personal. Un portavoz del DHS enfatizó: "Con la reciente aprobación de la ley, el personal total ha aumentado un 120%, incluyendo un incremento de 12.000 agentes de control del ICE", añadiendo que "obtener espacio para albergar al personal adicional es un procedimiento natural".

El gobierno del condado de Howard se ha reservado su postura oficial respecto al litigio en curso, pero dado el fuerte rechazo de los residentes, se prevé que emprenda medidas legales posteriores, como una apelación.